El presidente del Congreso de Brasil, el senador Davi Alcolumbre, promulgó el viernes (08.05.2026) la ley que permite reducir las penas de los condenados por los actos golpistas contra el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, incluyendo la del exjefe de Estado y líder ultra Jair Bolsonaro.
Tras su promulgación, todos los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes, así como los que cumplen penas por participar en tramas para impedir la posesión de Lula pueden solicitar ante la Justicia la reducción de sus condenas.
Uno de los principales beneficiarios de la llamada ‘Ley de la Dosimetría’ es Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por liderar una trama golpista y que cumple su pena actualmente en prisión domiciliaria.
La votación constituye una segunda derrota parlamentaria en menos de 24 horas para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El pasado miércoles, el Senado rechazó a un candidato nominado por el presidente para la corte suprema por primera vez en más de 100 años, según la prensa.
El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso en diciembre pasado pero vetado por Lula el 8 de enero, cuando se cumplieron tres años de la intentona golpista.
Pero la semana pasada el Senado y la Cámara de Diputados, en una votación conjunta que significó un importante revés para el Gobierno del líder progresista, dejaron sin efecto el veto presidencial.
El veto fue derribado en la Cámara Baja por 318 votos a favor y 144 en contra y en el Senado por 49 votos a favor y 24 en contra.
Lula se abstuvo de promulgar la ley, por lo que Alcolumbre lo hizo en su condición de presidente del Legislativo, como lo prevé la Constitución en caso de que el jefe de Estado no lo haga en el plazo constitucional de 48 horas.
La norma promulgada hoy impide la acumulación de penas por delitos de naturaleza parecida y acelera la progresión de los condenados al régimen de prisión semiabierto, por lo que, según los expertos.
Bolsonaro podría salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo anteriormente previsto.
Fuente: Deutsche Welle
