Colombia juzga la violencia sexual como crimen de guerra

Colombia juzga la violencia sexual como crimen de guerra

La violencia sexual ejercida durante el conflicto de Colombia contra niñas, adolescentes y mujeres por el hecho de ser mujeres, así como la violencia por prejuicio contra personas con expresiones de género diversas empieza a no aceptarse simplemente como un "daño colateral".

En un momento de muchas críticas a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y para el Acuerdo de Paz, que acaba de cumplir diez años, dos autos en menos de un mes, "nombran la violencia sexual y basada en género como lo que fue: crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos de forma sistemática, y no hechos aislados", explica a DW Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y consultor de la ONU para temas de diversidad y paz. “Para las víctimas es un reconocimiento que esperaron durante décadas", comenta a DW, sin restar importancia a autos anteriores de la JEP.

De las imputaciones emitidas recientemente por la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el llamado Macrocaso 11 (subcaso 1 y 2) tanto contra once ex integrantes de las FARCcomo contra 16 exintegrantes del Ejército y dos exmiembros de la Policía, se concluye que las agresiones no fueron hechos aislados, sino que corresponden a patrones sistemáticos para doblegar a la población, para castigarla o, en el caso de la organización armada, reforzar el control social y territorial.

En el auto contra exmiembros de la Fuerza Pública en parte aliada con fuerzas paramilitares, la JEP afirma: "Esta desviación de la legítima acción de la fuerza pública propició contextos en los que la estigmatización y la desprotección de las víctimas se combinaron con concepciones discriminatorias y relaciones desiguales de poder, favoreciendo violencias sexuales y basadas en género como formas de dominación, humillación, castigo e intimidación".

En el caso del auto contra exmiembros de las FARC-EP, la JEP establece: "…estas violencias no fueron hechos aislados sino que respondieron a dos patrones criminales: 1) crímenes 'por ser mujer' : violencia sexual, amenazas y desplazamientos contra mujeres y niñas (en su mayoría campesinas) en labores cotidianas cerca de ríos, parcelas, pueblos; esclavitud sexual y violencias reproductivas. 2) Crímenes de orientación sexual e identidad de género: desplazamiento, humillaciones, trabajos forzados y asesinatos para castigar o modificar diversidades en personas LGTBIQ+".

En la información de la JEP, que se ocupa de crímenes ocurridos durante el conflicto armado hasta el uno de diciembre de 2016, se resalta la falta de respuesta en la justicia ordinaria a las acusaciones de violencia sexual y de género atribuídas a las FARC-EP. En la justicia ordinaria se llegaron a contabilizar 2.222 procesos, de los cuales, el 91 por ciento no llegó a juicio y el 78 por ciento no superó las etapas iniciales de investigación y la percepción era que hasta estos hechos nunca iba a llegar la justicia. ¿Por qué? Wilson Castañeda enumera tres razones:

"El alto subregistro de violencias, tanto de víctimas como de hechos. La violencia sexual, la basada en género y la violencia por prejuicio son de las más difíciles de documentar: hay miedo, vergüenza y estigma, y en el caso de las personas LGBTIQ+ su orientación sexual o identidad de género casi siempre fue invisibilizada, tanto en las investigaciones de la justicia ordinaria como por sus propias familias".

Reconstruir los hechos y la confianza en la jurisdicción ha sido buena parte del trabajo que han hecho tanto las organizaciones de la sociedad civil como la propia institución, creada en el marco de los Acuerdos de Paz. Ahí radica el segundo motivo para la incredulidad: el poco tiempo que tienen las salas para investigar. Cabe recordar que la JEP tiene una duración limitada de diez años (hasta el 2028). El apoyo europeo a las instituciones de justicia, verdad y reparación se acabaría con su extinción.

Con todo, "la UE viene apoyando la paz de Colombia desde hace 25 años, incluyendo el Acuerdo de Paz, a través de sucesivos gobiernos colombianos", dice a DW un portavoz de la Comisión Europea. "El apoyo continuará", agrega sin detallar cómo exactamente y si ese apoyo se le seguiría brindando a mecanismos como la JEP.

Por otro lado, "había antecedentes que no daban mucha esperanza", sigue Wilson Castañeda hablando de la tercera razón de la desesperanza: "En decisiones anteriores de la JEP, estas violencias quedaban descritas en los autos pero no se imputaban de manera autónoma, o se atribuían solo por omisión. Llegar a una imputación de esta magnitud era un reto enorme".

Efectivamente, para estas dos imputaciones colectivas en el macrocaso 11, abierto apenas en 2023, distintas salas de la JEP han escuchado a cerca de 1500 víctimas -mujeres, mujeres trans, hombres, hombres trans, niños y niñas-, hasta ahora invisibilizadas.

En cualquier caso, no hay que perder de vista que el proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación que tiene lugar en Colombia tiene gran peso internacional. La violencia sexual, la esclavitud sexual, las violaciones masivas son consideradas por la ONU como crímenes de lesa humanidad porque los ejércitos, las pandillas, los grupos paramilitares los utilizan como arma de guerra para humillar al enemigo, quebrar comunidades, desplazar poblaciones.

Antes de Colombia, los casos de violencia sexual en el genocidio en Ruanda (1994) fueron juzgados en Francia y Bélgica; en Alemania y Suecia se juzgó este tipo de crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria (2022). Pero el referente importante para el proceso colombiano fue Sepur Zarco, en Guatemala, que llevó a la justicia un caso ocurrido entre 1982 y 1988, durante la guerra civil.

El de Guatemala, "fue el primer caso en que un tribunal nacional juzgó la esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad. Dejó aprendizajes clave, por ejemplo sobre cómo tomar el testimonio de las víctimas protegiendo su dignidad, cómo valorar ese testimonio como prueba suficiente y cómo usar el contexto y los peritajes para demostrar que la violencia sexual era parte de una estrategia. Esos aprendizajes han alimentado la forma en que las organizaciones y la JEP abordan estos casos", explica Wilson Castañeda.

Con todos estos antecedentes, la ejemplaridad del proceso colombiano, al parecer, queda fuera de duda. ¿Por qué?

"Es un tribunal nacional, nacido de un acuerdo de paz, con un macrocaso dedicado exclusivamente a la violencia sexual, reproductiva y basada en género. Investiga a todos los actores, tanto a las antiguas FARC-EP como a la Fuerza Pública, y no solo a uno. Reconoce de manera explícita la violencia por prejuicio contra personas LGTBIQ+, algo muy poco común en la justicia internacional. Incluye la violencia dentro de las filas, es decir, la que sufrieron las mujeres y las personas LGTBIQ+ al interior de los grupos armados. Y las víctimas participan activamente en el proceso, con un enfoque restaurativo y no solo de castigo", responde el director de Caribe Afirmativo.

¿Cabe imaginar que, sea como fueren los resultados finales de los macrocasos de la JEP, el camino seguido por Colombia sea replicable en contextos como el de Haití? "Sí, aunque cada contexto es distinto", responde Castañeda.

"En Haití, donde la violencia sexual se usa para controlar territorios y comunidades, la lección colombiana es que se necesita documentación riguroso, participación real de las víctimas y una lectura intersecciones que no deje por fuera a las mujeres ni a las personas LGTBIQ+", agrega, subrayando lo clave que es la etapa que sigue a las imputaciones. "Si los comparecientes reconocen su responsabilidad, podrán recibir sanciones propias de entre cinco y ocho años, con restricción de libertad y trabajos reparadores. Si no la reconocen, el caso pasa a la Unidad de Investigación y Acusación y podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión", concluye.

Fuente: Deutsche Welle

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