Marcas visibles y espacios vacíos en varias salas del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá. Al menos 30 piezas fueron retiradas de la exposición permanente, entre ellas, objetos relacionados con los movimientos feministas y LGBTIQ+, la violencia política, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016.
La medida ha suscitado protestas frente al Museo Nacional y una intensa controversia en medios de comunicación y redes sociales.
La intervención, llevada a cabo por orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella , se produce en el marco de una "batalla cultural" anunciada por el propio presidente de Colombia el 17 de julio de 2026, cuando hizo público el nombre de la persona que se haría cargo del ministerio de Cultura, Paola Holguín.
"Las nuevas derechas radicales se proponen de manera explícita una contrarrevolución cultural antiwoke. El término es usado para general pánico moral: el wokismo es el responsable de la crisis de Occidente y la derecha es la muralla que lo va a salvar. Hasta hace poco, el término, proveniente de Estados Unidos, era desconocido en español, pero ahora las extremas derechas españolas y latinoamericanas lo han incorporado a su lenguaje", comenta a DW Pablo Stefanoni, historiador y autor del ensayo "¿La rebeldía se volvió de derecha?"
"Lo que pasa en Colombia -pese a las enormes diferencias- parece recuperar el concepto de bolchevismo cultural de la Alemania nazi, con las obras 'degeneradas' o decadentes que hay que retirar. Esto muestra que, mientras se habla de inquisición progresista o totalitarismo woke, la derecha busca adoctrinar en nombre de la lucha contra el adoctrinamiento", prosigue Stefanoni.
En diversas intervenciones, tanto De la Espriella como Holguín han defendido la moral católica y la familia tradicional como los valores por los que Colombia debe guiarse. En ese sentido, aunque no es el único, debe entenderse la retirada de piezas relacionadas con derechos de las mujeres, así como con movimientos feministas y LGTBI.
Otros objetos tienen un matiz más directamente relacionado con la historia política del país, como los afiches de las campañas presidenciales de dos candidatos presidenciales asesinados en 1990, o el conocido como "balígrafo", que sirvió para firmar el Acuerdo de Paz de 2026.
La propia Holguín defendió en una publicación en X la retirada de estos objetos, argumentando que la vocación institucional del Museo Nacional "NO consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental. El Museo Nacional NO puede ser un espacio de apología al delito o revictimización, tiene que observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".
Cristina Lleras, doctora en Museología, que fue curadora de Arte e Historia del Museo Nacional entre 2004 y 2012, explica que una exposición permanente es el resultado de años de investigación y de la participación de actores muy distintos. "Nunca es el resultado de lo que a una persona un buen día se le ocurrió, sino que, además, participa una multitud de personas que están ancladas en un proceso de investigación de colecciones y en unas colecciones de hace muchísimos años", señala Lleras a DW.
Según la experta, revisar los relatos forma parte de la actividad habitual de un museo, pero el proceso debe responder a criterios técnicos y contar con una participación amplia. "La historia y las artes están en revisión continua. A eso se dedica no solo la vida académica, sino también la ciudadanía", subraya. "Es normal que haya temas que se revisen, pero siempre desde una mirada técnica".
Con ella coincide Sebastián Vargas, profesor en la Universidad del Rosario y experto en usos públicos de la historia y políticas de la memoria: "Es sano para una democracia que los relatos históricos, incluidas las exposiciones museográficas, sean actualizados, problematizados y contrastados constantemente", explica Vargas a DW. Pero una revisión legítima, subraya el experto, debe contar con profesionales de museos, curadores, comunidades y autoridades institucionales.
A juicio de Vargas, ese principio no se ha respetado. "Una acción como la protagonizada por funcionarios del Ministerio de Cultura en el Museo Nacional, en donde se retiraron varias obras exhibidas de manera arbitraria y a puerta cerrada, atenta contra dichos criterios y contra el principio de participación", dice a DW.
Vargas argumenta que la medida "incluso puede interpretarse como anticonstitucional", porque, en su opinión, afecta los derechos a la libre expresión y al acceso a la información reconocidos por el artículo 20 de la Constitución. La intervención, agrega, "se acerca peligrosamente a la censura".
Por su parte, Cristina Lleras tiene claro que lo sucedido no puede equipararse con una revisión curatorial. "Un retiro de obras por orden ya no gubernamental, sino presidencial, que creo que es distinto, es un acto autoritario, porque no hay ningún tipo de diálogo. Es una acción que se ejecuta", advierte. "Preocupa que no haya mecanismos donde haya una participación amplia, una discusión, un diálogo, que es lo que siempre se ha hecho hasta este momento en el Museo Nacional", añade la experta.
Sebastián Vargas considera que un museo nacional debe representar la pluralidad de la sociedad. "Debe dar cuenta de la diversidad de actores sociales que componen un país: sus memorias, identidades, luchas sociales y huellas materiales", enumera.
"Qué se exhibe o no, y de manera más relevante aún, qué se conserva o no, no debe ser decisión únicamente de un curador, de un experto o de un burócrata estatal: debe incluir a las mismas comunidades involucradas en esos actos de preservación y representación de las memorias". Por eso, sostiene que montar o desmontar exposiciones debería hacerse mediante "procesos colectivos, interdisciplinares, colaborativos y transparentes", respetando los códigos de ética profesional y la legislación sobre patrimonio.
"Es muy preocupante que el Gobierno actual, en nombre de su 'contrarrevolución cultural', pretenda invisibilizar testimonios de procesos como las luchas de las mujeres y colectividades LGBTIQ+ o de experiencias de procesos de paz, y estigmatizarlos al calificarlos de 'apología del delito'", prosigue Vargas. "Los museos e instituciones culturales deben ser espacios de aprendizaje, reflexión y debate, que permitan la puesta en común y el contraste de diferentes perspectivas y narrativas sobre nuestro devenir histórico", concluye.
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Fuente: Deutsche Welle
