Casi el 44 por ciento de los votos para un partido "de extrema derecha confirmada" por la Oficina Local de Protección de la Constitución: ese fue el dramático resultado de las elecciones regionales en Sajonia-Anhalt hace poco más de dos semanas. Si bien el principal candidato regional de AfD, Ulrich Siegmund, no logró la mayoría absoluta, aún podría convertirse en el próximo ministro presidente en Magdeburgo, siempre y cuando la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) le ayude a conseguir la mayoría.
¿Qué implicaría esto si AfD intenta entonces implementar sus políticas extremistas? La abolición de la educación obligatoria, por ejemplo. Una política de asilo severa con "deportaciones desde el primer día", como prometió Ulrich Siegmund. O si representantes de AfD, en algunos casos prorrusos, filtraran a Moscú información clasificada, como la de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. ¿Tendría el Gobierno federal que, simplemente, aceptarlo?
No tiene por qué ser así. Poco después de las elecciones, destacados políticos en Berlín señalaron la posibilidad de una supuesta "coerción federal" (Bundeszwang).
Entre ellos se encontraba el canciller Friedrich Merz . Tras las elecciones en Berlín, dijo: "Si se traspasan los límites allí, les aseguro que, desde la perspectiva del Gobierno federal, haremos todo lo posible por corregirlo. La Ley Fundamental también se aplica a Sajonia-Anhalt".
El canciller añadió que la Constitución incluye un deber de lealtad al Gobierno federal: "Esto se aplica, por ejemplo, a toda la política de inmigración y de relaciones exteriores".
En efecto, la posibilidad de intervención federal en las regiones que deseen gobernar al margen de la Ley Fundamental, está consagrada en la Constitución. Sin embargo, esta normativa nunca se ha aplicado en toda la historia de la posguerra. El Gobierno federal y los regionales siempre han encontrado maneras, a través de diversos órganos, de otorgar a los estados autonomía, teniendo en cuenta ―al mismo tiempo― una dirección fundamental para los 16 estados.
El artículo 37 de la Ley Fundamental, que regula la "coerción federal", solo entra en juego en situaciones verdaderamente dramáticas, explica a DW Anna-Bettina Kaiser, jurista de la Universidad Humboldt en Berlín: "Es, en efecto, dramático, y esa es también la razón por la que la coerción federal nunca se ha utilizado en la historia de la República Federal, porque se considera un último recurso".
Siempre han existido acaloradas disputas entre el Gobierno federal y los estados, pero, según Kaiser: "Normalmente, se da por sentado que se recurre al Tribunal Constitucional Federal cuando existe una disputa legal concreta, y que el Estado acata entonces su fallo".
¿Y si no es así? Anna-Bettina Kaiser replica que, en tal caso, habría que declarar previamente el estado de emergencia. Sin embargo, la "coerción federal" podría significar que el Gobierno federal designe a una persona (con la aprobación del Bundesrat, la Cámara Alta del Parlamento), para que asuma ciertas responsabilidades en materia de política estatal: "De hecho, el artículo 37 prevé la figura de un comisionado, quien tendría entonces la facultad de emitir directivas. No obstante, también se está debatiendo la posibilidad de suspender, por ejemplo, las asignaciones financieras federales".
No solo el partido conservador del canciller, CDU, está reflexionando públicamente con la idea de tomar medidas contra un Gobierno regional liderado por AfD en Magdeburgo (la capital de Sajonia-Anhalt), sino que también lo hacen representantes de su socio de coalición, el partido socialdemócrata SPD.
Dirk Wiese, primer secretario parlamentario de SPD en el Bundestag, declaró a la Red de Editores de Alemania (Redaktionsnetzwerk Deutschland): "Si la coalición de Putin, formada por AfD y BSW, contribuyera por primera vez a que un extremista de derecha accediera al cargo de ministro presidente, es importante saber que la Ley Fundamental prevé mecanismos para obligar a un estado federal a ajustar su proceder a la Constitución, si fuera necesario, mediante un requerimiento formal".
Un ejemplo reciente de cómo un poder central puede imponerse a las regiones del país, cuando estas siguen una política completamente diferente, es España. Durante la denominada crisis catalana, el Gobierno español destituyó al Gobierno regional de Cataluña en octubre de 2017, invocando el artículo 155 de la Constitución Española, que recuerda al artículo de la Ley Fundamental sobre la "coerción federal". Sin embargo, tendrían que darse muchos pasos para que esto pudiera aplicarse en Alemania.
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Fuente: Deutsche Welle
