Opinión por
Por: Rosalía Sosa Pérez
La autora es la Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UASD
Desde diciembre del 2017, el caso Odebrecht ha concentrado especial atención. Desde el acto público y grabado de las detenciones en el mes de mayo 2017 de 14 personas supuestamente vinculadas a los actos de sobornos admitidos por la empresa Odebrecht por más de 90 millones de dólares, hasta la presentación del Ministerio Público de la acusación formal contra seis, dejando a ocho y a otros más, fuera del expedien te, llama la atención el especial tratamiento de este caso desde las altas instancias del Ministerio Público.
El caso se encuentra en la etapa intermedia, en donde la defensa de los imputados cuestiona la legalidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Se observa la especial sensibilidad de las altas instancias del Ministerio Público frente a las afirmaciones de los abogados de Andrés Bautista, “que de los 16 proyectos gestionados en el Senado que beneficiaron a la empresa, 13 fueron aprobados en la gestión de Reinaldo Pared Pérez”.
Se entiende que la objeción del representante del Ministerio Público en la audiencia, alegando que “no pueden referirse a una persona que no está implicado en el caso y no está presente en la audiencia, ya que es violatorio a los derechos”, es extraña pero válida, pero no entendemos cómo tal situación amerita un comuni cado de prensa de la Procuraduría General de la República aclarando que el “MP demostró Andrés Bautista presidía Senado cuando se aprobaron financiamientos Acuerdo Línea Noroeste e Hidroeléctrica de Palomino”. Es una nota de prensa totalmente desacertada, reactiva y no colabora con la posición que debe mantener esa institución frente al caso que cuenta con privilegio de jurisdicción.
Los miembros del Ministerio Público a cargo del caso cuentan con la total independencia funcional, probidad y responsabilidad para ejercer sus funciones y no necesitan ninguna posición ajena que lo deslegitime, que no sea la ya depositada a través del acto de apertura a juicio mediante la acusación.
La excesiva reactividad de las altas instancias del Ministerio Público no es saludable para el curso del proceso penal del caso Odebrecht. Deben dejar que los fiscales a cargo actúen y muestren si realmente han realizado una investigación que sustente en el juicio lo investigado.
En este caso, se pondrá nueva vez a prueba el Ministerio Publico frente a los ingentes esfuerzos de contar con un verdadero órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad.
