Nayib Bukele dio un nuevo paso hacia un tercer mandato en El Salvador. El mandatario de derecha, de 45 años, inscribió el jueves 19 de noviembre su candidatura para las elecciones de febrero de 2027, después de que una cuestionada reforma constitucional aprobara la reelección presidencial indefinida. Bukele cuenta con un histórico respaldo popular, en gran medida por los resultados de su política de seguridad.
"Para muchos salvadoreños, el régimen de excepción ha significado un cambio muy significativo en sus vidas. Pueden vivir sin temor a pagar una extorsión, sin temor a ser amenazados por las pandillas", dice a DW Fátima Peña, politóloga e investigadora del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Pero la experta advierte que esa política de seguridad también tiene un lado oscuro: "Implica graves violaciones a los derechos humanos".
El régimen de excepción al que se refiere Peña está vigente desde marzo de 2022 y fue aprobado tras una escalada de violencia atribuida a las pandillas. Este permite suspender ciertas garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la defensa y la protección de las comunicaciones. Pese a que el gobierno lo presenta como una herramienta clave para combatir al crimen, sus consecuencias son cuestionadas frecuentemente por organismos internacionales. Un grupo de expertos de la ONU ha advertido, incluso, que los abusos cometidos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Pero estas denuncias no han impedido que la política de seguridad de Bukele mantenga un amplio respaldo en El Salvador. Las encuestas del instituto donde trabaja la investigadora Peña reflejan esa aceptación: en su último sondeo sobre el séptimo año de gobierno, el presidente obtuvo una nota de 8,24 sobre 10. Otras encuestadoras cifran la aprobación presidencial en un 80 por ciento. "Es muy raro para cualquier mandatario de América Latina", comenta a DW la politóloga, subrayando que esa calificación no equivale a una intención de voto.
Este aplauso a las políticas de mano dura no se limita a El Salvador. En otros países de América Latina, donde la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado dominan el debate público, Bukele se ha convertido en un referente para sectores que reclaman más firmeza frente a la delincuencia.
Una muestra se vio esta semana en Haití, donde miles de personas salieron a las calles para apoyar las operaciones de militares salvadoreños contra las bandas que controlan amplias zonas del país. Algunos de los manifestantes llevaban incluso camisetas con la imagen de Bukele. Los manifestantes, convocados por la oposición, también exigían la renuncia del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.
Según Lucía Nuñovero, abogada y criminóloga afiliada a la Pontificia Universidad Católica de Perú, el atractivo del modelo salvadoreño está relacionado con los resultados que sus partidarios le atribuyen. "El modelo Bukele tiene el atractivo del resultado: ya no solamente mostrar apariencia, sino efectivamente una percepción real de la población, una experiencia real de las personas de sentirse más seguras", explica a DW.
Sin embargo, la experiencia salvadoreña no se podría trasladar automáticamente a otros países. La experta salvadoreña Peña recuerda que las estructuras criminales y las condiciones son distintas en cada país. En El Salvador, además, las capturas masivas estuvieron precedidas por un trabajo de inteligencia sobre las pandillas. "No es tan sencillo como exportar el modelo y decir: vamos a hacer una megacárcel y a capturar a cualquiera", indica. Al mismo tiempo señala que los gobiernos que adopten esa política "deben ser conscientes de que pueden terminar sacrificando garantías fundamentales y el Estado de derecho".
En Perú, el modelo de Bukele ha llegado también al debate sobre la política penitenciaria. A finales de octubre de 2026, la presidenta Keiko Fujimori visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña de máxima seguridad. Tras recorrer las instalaciones, Fujimori anunció que su gobierno recogería algunas ideas para construir dos nuevos penales en el país. Entre las medidas que mencionó estaban las restricciones a las visitas y las comunicaciones de los internos, así como programas de trabajo en las cárceles.
Y el jueves 19 de noviembre, el Gobierno peruano informó que construirá dos megacárceles en Huaura, al norte de Lima, con apoyo de Estados Unidos y una capacidad para unos 24.000 reclusos. Una de ellas estaría destinada a alrededor de 10.000 presos considerados de alta peligrosidad. La otra prisión sería para unos 14.000 internos primarios. El Ejecutivo peruano reafirmó también que busca incorporar programas similares a los aplicados en El Salvador.
En este punto, la criminóloga peruana Nuñovero hace una distinción entre la visita de Fujimori a El Salvador y el origen de los proyectos penitenciarios. Según explica, la construcción de nuevos penales responde a una política que se discute desde hace más de una década. "No, no está inspirada en Bukele", aclara Nuñovero. No obstante, la experta considera que el caso salvadoreño pone sobre la mesa una cuestión relevante: "La necesidad de reformar el propio Estado para enfrentar al crimen organizado, también en los ámbitos penitenciario, policial y judicial".
Para Nuñovero, construir nuevas cárceles no será suficiente si no se fortalecen las instituciones encargadas de administrarlas y garantizar el funcionamiento del sistema de justicia. "Si ahorita levantamos cinco megacárceles, pero no se fortalecen los sistemas penitenciarios, van a ser simplemente nuevas infraestructuras", advierte. Y Peña coincide en que combatir la criminalidad no exige renunciar a las garantías fundamentales. "Nosotros creemos que sí es posible combatir la criminalidad respetando el Estado de derecho. Lo que pasa es que eso requiere políticas de seguridad más integrales", insiste.
Fuente: Deutsche Welle
