Por EL Nacional
El partido oficialista traslada su crisis interna al Congreso, no para que ese Poder del Estado cumpla con su rol, sino para que se involucre en un oleaje de irracionalidad que amenaza erosionar los cimientos de la gobernanza y de la economía.
Los incidentes de ayer escenificados entre legisladores y contingentes de policías y militares frente al Congreso Nacional constituyen una bochornosa expresión de irracionalidad que drena la gobernanza y vulnera la institucionalidad democrática.
La Policía lanzó bombas lacrimógenas para impedir la instalación de una carpa en la explanada frontal del edificio congresual, lo que originó un forcejeo entre agentes policiales y legisladores opuestos a la posible convocatoria a una Asamblea Revisora para habilitar la reelección presidencial.
El diputado Henry Merán tuvo que ser ingresado a una clínica por inhalación de gas, durante una confrontación que pudo desencadenar en una tragedia mayor por los niveles de exacerbación o violencia mostrado por autoridades y manifestantes.
Es claro que los ciudadanos tienen derecho a la protesta pacífica, por lo que se censura cualquier tipo de represión que atente o limite esa prerrogativa, que debe ejercerse de conformidad con la ley y en absoluta garantía del derecho ajeno.
El partido oficialista traslada su crisis interna al Congreso, no para que ese Poder del Estado cumpla con su rol, sino para que se involucre en un oleaje de irracionalidad que amenaza erosionar los cimientos de la gobernanza y de la economía.
El liderazgo del PLD tiene la responsabilidad de no permitir que se repitan escenas tan penosas y bochornosas como las acaecidas ayer en los mismos portones del Congreso de la República, lo que ha significado una ofensa para la democracia.
Se insiste en señalar que el derecho a la protesta pacífica debe ejercerse siempre con apego a la ley, sin excesos, y que las autoridades están obligadas a garantizar plenamente tan preciada prerrogativa institucional, sin agresión ni represión.
Artículo de El Nacional
