Opinión Editorial Acento
Esta matanza de mujeres no puede seguir.
La Procuraduría General de la República ha dicho que estaba investigando el acuerdo mediante el cual el victimario Johan Manuel Ramírez, que había acuchillado a su ex pareja, Juana Domínguez Salas (Nona), obtuvo su libertad. Este 4 de noviembre, aprovechando el acuerdo que lo puso en libertad, Johan Manuel Ramirez buscó a Juana Domínguez Salas y la mató.
La fiscal que facilitó su libertad al criminal fue Margarita Hernández Morales, quien está suspendida de sus funcionarios por haber realizado un acuerdo que facilitó, también en San Pedro de Macorís, el crimen contra Anibel Gonzalez, a principio de septiembre de este año. El criminal Yasmil Oscar Fernández Estévez (Ray), había sido favorecido con un acuerdo que lo puso en libertad, luego de apuñalar a Anibel González.
La Procuraduría ha dicho que investigaba el acuerdo por sospechas de ilegitimidad, debido a que el Procurador General de la República había prohibido este tipo de acuerdos, y sólo tiene autoridad para aprobarlos la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. En el caso de Anibel González se pudo comprobar que la firma de la víctima había sido falsificada para facilitar la libertad del criminal.
Si la Inspectoría del Ministerio Público tenía semanas investigando ese acuerdo ¿por qué tardó tanto en actuar? ¿Por qué mientras realizaba la Investigación no puso en suspenso el acuerdo, y envió a prisión al agresor? ¿La suspensión de la fiscal actuante en este caso, sospechoso de falsificación de la firma de Anibel González, es el castigo que corresponde? ¿Dos muertes no son suficientes para que la Procuraduría General de la República tome medidas serias relacionadas con los feminicidios? ¿Por qué razón en este año hay 121 acuerdos homologados de agresores y víctimas?
Esta matanza de mujeres no puede seguir. La PGR tiene que asumir el rol que le corresponde, como responsable ante la sociedad para aplicar políticas preventivas, y evitar nuevos crímenes de hombres violentos, ex parejas que viven con el criterio de que las mujeres son de su propiedad, y que carecen de potestad para decidir con quién se relacionan y con quién no.
Basta ya. Esto es un asunto muy serio y hay que tomarlo con la convicción de evitar los crímenes, no con el deseo de aplicar sanciones a los criminales, luego del cometido el crimen.
Fuente Acento
