Reclamos
El ingeniero Antonio Almonte reclamó transparencia del Gobierno en el manejo de los recursos recaudados por el impuesto de Gastos de Administración de la Ley (112-00 de Hidrocarburos y Combustibles Fósiles), aplicado al galón de las gasolinas y demás derivados del petróleo.
Afirmó que mientras en República Dominicana se aplica mediante un decreto presidencial, el 625-11, del entonces presidente Leonel Fernández, en Costa Rica, Chile y Perú se hace mediante una ley que establece los mecanismos para la distribución y compensación al consumidor y al importador ante la variabilidad en los precios internacionales.
Explicó que además de los países citados, en otras naciones de América Latina existen esos mecanismos de compensación o de ajustes de precios, pero establecidos mediante una ley que fija el margen de variación para la compensación. L
Precisó que, según datos ofrecidos por el Gobierno y entregados a Julio Cordero, tras una larga espera de respuesta a su petición al Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes 9MicPymes), el impuesto conocido como Gasto de Administración de la Ley (GAL), es de un 4.07 % (RD$1.50) al galón de los combustibles.
Cuestionamiento sobre millones recaudados
Cuestionó el manejo de los miles de millones de pesos recaudados por ese concepto, y que administra el MicPymes.
Sostuvo que el uso dado a esos recursos no es “bien especificado” a la población, aunque se establezca que se aplica para el monitoreo del mercado y la minimización del impacto en la variabilidad de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
“Ha habido un manejo discrecional, y lo favorable es hacerlo con claridad, para tener un sistema transparente”, cuestionó Almonte.
Durante su participación en el programa Milagros desde la Z, que producen Milagros Ortiz Bosch y Julio Cordero demandó del Gobierno explicar cómo opera ese mecanismo de compensación con los recursos recaudados mediante el GAL.
Al criticar que en el país el Gobierno haya establecido “una regulación fuerte, cerrada, mediante la fijación de los precios en el mercado de los combustibles”, abogó porque se permita una libre competencia entre quienes venden el producto.
“El GAL no es un sistema transparente
“El GAL no es un sistema transparente. No está claro y los recursos recaudados corresponden al organismo regulador, que en este caso es Industria y Comercio. No hay un reglamento para su manejo, ni se sabe el monto de recaudación. Eso debe aclararse para que sea transparente”, enfatizó Antonio Almonte.
Almonte ofreció explicaciones sobre los distintos impuestos aplicados a los combustibles, como son los Precios de Paridad de Importación (PPI), seguro y flete.
De flete y el seguro dijo que son costos muy altos, pero aclaró que son tarifas de referencia internacional que no las establecen los gobiernos, sino las empresas interventoras en esos mercados.
Citó otros costos que influyen en los precios internos de los combustibles, como son el Cargo Bancario o Costo Financiero, que es de 0.21 centavo de dólar por barril, y el costo por mantenimiento de terminal.
Edición de audio: Luis Nicolás de la Cruz
Fuente Z101 Digital
