Opinión por Orlando Jorge Mera
Que Transparencia Internacional nos haya colocado en el segundo lugar entre los países más corruptos de América Latina y el Caribe, no es una sorpresa para quienes vivimos en República Dominicana. Lógicamente, estar debajo de Venezuela y arriba de Perú, nos permite tener una idea del daño institucional producido por el PLD, luego de casi 20 años en el gobierno. Venezuela es hoy día un país que no vive en democracia, por lo tanto, no tengo dudas de que ese primer lugar es para una nación que era admirada por muchos.
En el caso de Perú, es muy posible que la corrupción se hubiese colocado en el tuétano de las instituciones de ese hermano país, luego de que todos los que han ocupado la presidencia hayan sido sometidos a la acción de la justicia por el caso Odebrecht, y que hoy día estén respondiendo ante los tribunales. Toledo, Humala y PPK están todos sometidos a la acción de la justicia por casos de corrupción, vinculados a Odebrecht. Alan García se quitó la vida luego de ser sometido a la justicia por corrupción.
Sin embargo, la nota diferente es que la justicia ha funcionado, y ha dado respuesta ante los reclamos de la sociedad.
Sin embargo, República Dominicana no es Venezuela, pero tampoco es Perú. En el caso Odebrecht, ya quisiéramos nosotros haber hecho lo que hizo Perú. Sin embargo, aquí no se conoce una condena por corrupción a ningún funcionario de los gobiernos del PLD.
Al contrario, se conocen descargos de reconocidos dirigentes del PLD, que han sido acusados con pruebas evidentes de corrupción y lavado de activos, pero que ha prevalecido más la expresión de que es mejor una pulgada de juez, que un kilómetro de razón. El PLD se blindó con la justicia, mediante la reforma constitucional de 2010, ratificada en 2015.
Mientras todo esto ocurre, 66% de los dominicanos cree que la corrupción aumentó, dice Transparencia Internacional.
La democracia dominicana debilitada por el PLD es el resultado de que ese partido se ha confundido con las instituciones del Estado dominicano. El PLD se ha corporativizado en el Estado. Por ello, la corrupción corroe la institucionalidad, y lo que es peor, la impunidad manda señales equivocadas en la conducta social. Las primarias del 6 de octubre es el inicio del cambio político que reclama la mayoría del pueblo dominicano.
Ni uno ni el otro, de los aspirantes del PLD, tienen la voluntad para reinstaurar el imperio de la ley. Solo el cambio político, que implique la recuperación de la separación de los poderes, con una justicia y un ministerio público independientes, es la opción creíble que puede ejecutar la restauración de la democracia.
