Jesús Vásquez Martínez, como político y como ciudadano, tiene derecho a una justicia imparcial. A última hora fue incluido por el Ministerio Público como imputado por recibir sobornos de Odebrecht, pero los documentos que se presentan en su contra son tan débiles como los fueron los documentos que obligaron al Ministerio Público a excluir a ocho imputados inicialmente: Acento tuvo acceso a una decisión rechazando la recusación de Jesús Vásquez, sin que en el Pleno de la SCJ haya habido discusión del tema. ¿De quién es la propuesta? ¿Tiene autoridad quien hizo esta redacción para entregarla al Pleno como un hecho consumado, sin que se produzca ningún debate? Es sospechoso el procedimiento que se está utilizando en la Suprema Corte de Justicia


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Editorial de Acento

La Suprema Corte de Justicia tiene que ofrecer una explicación

El caso Odebrecht sigue generando dudas. Jesús Vásquez Martínez, el último de los dirigentes políticos en ser imputado por el Ministerio Público, por segunda vez presentó una recusación del juez Francisco Ortega Polanco, que lleva bajo su responsabilidad la audiencia preliminar sobre los sobornos recibidos de 92 millones de dólares en la República Dominicana.

Es el pleno de la Suprema Corte de Justicia quien debe conocer de la recusación y ponderar los argumentos presentados por Jesús Vásquez Martínez a través de sus abogados.

Foto: Mariano Germán, presidente de la SCJ

Hasta ahora no ha habido ninguna reunión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que haya conocido la recusación contra Francisco Ortega Polanco. Se supone que el pleno de la Suprema Corte de Justicia debe discutir los argumentos, ponderar las razones y peticiones en que Vásquez sustenta su petición. Cuando los miembros de ese organismo tengan la discusión encargan a uno de ellos la redacción de la sentencia. Según la tradición ese es el procedimiento que se utiliza en el Pleno de la SCJ para la adopción de decisiones, que posteriormente se comunican por los canales tradicionales.

Sin embargo, Acento tuvo acceso a una decisión rechazando la recusación de Jesús Vásquez, sin que en el Pleno de la SCJ haya habido discusión del tema. ¿De quién es la propuesta? ¿Tiene autoridad quien hizo esta redacción para entregarla al Pleno como un hecho consumado, sin que se produzca ningún debate? ¿Estarán dispuestos los miembros del Pleno de la SCJ a firmar este documento sin debatir las razones y planteamientos jurídicos del imputado Jesús Vásquez? ¿Es esto que se presenta como una decisión del Pleno de la SCJ un documento con validez? ¿Hasta dónde vamos a llegar con las manipulaciones y la dirección por control remoto de los organismos judiciales con el caso Odebrecht?

Los miembros de la Suprema Corte de Justicia tienen la palabra. Corresponde a ellos, y en particular al presidente Mariano Germán, desmentir la existencia de este documento como algo válido y razonable, en un caso tan delicado. ¿Será Fake News, que se ha hecho tan común en estos tiempos?

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Jesús Vásquez Martínez, como político y como ciudadano, tiene derecho a una justicia imparcial. A última hora fue incluido por el Ministerio Público como imputado por recibir sobornos de Odebrecht, pero los documentos que se presentan en su contra son tan débiles como los fueron los documentos que obligaron al Ministerio Público a excluir a ocho imputados inicialmente: César Domingo Sánchez Torres, Bernardo Castellanos de Moya, Juan Temístocles Montás Domínguez, Julio César Valentín Jiminián, Máximo De Oleo, Alfredo Pacheco Osoria, Ramón Radhamés Segura y Ruddy González.

Es sospechoso el procedimiento que se está utilizando en la Suprema Corte de Justicia. Si no ha habido una reunión del Pleno, ¿cómo es posible que ya esté circulando una resolución de sentencia que firmarían los miembros de ese organismo sin siquiera debatir los argumentos que tiene Jesús Vásquez para impugnar al magistrado Francisco Ortega Polanco?

Alguien tiene que explicar esta terrible desconexión entre el Pleno de la SCJ y quien hizo la redacción de esta sentencia o proyecto de sentencia. Para salvar el honor y la independencia de la justicia dominicana.

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Editorial Fuente Acento

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