Por Adriano Miguel Tejada
Por toda América pululan las leyes y las disposiciones que pretenden coartar la libertad de expresión en los procesos políticos, precisamente en las etapas en las cuales los jugadores son más tramposos y las autoridades electorales más débiles, y tienden a inclinar la balanza en contra del interés público y a favor de los que pretenden engañar a la población.
Estas leyes y disposiciones, así como decisiones judiciales, pretenden coartar las entrevistas, el secreto de las fuentes, la publicación de encuestas y, en el caso dominicano, convertir en delito la “difamación” contra candidatos a las elecciones, entre otras.
El propósito es evidente: nuestras élites políticas, en toda América, incluido Estados Unidos, no quieren ver la lupa periodística indagando sus triquiñuelas, sus trampas y su juego sucio. ¿Que las encuestas engañan al público? ¿Y quién las paga? Son políticos desesperados que pretenden cambiar el resultado de las urnas engañando al público. ¿Que los gastos de campaña y la financiación deben ser materia privada? ¿Y el dinero del narcotráfico, del juego de azar, de la corrupción oficial debe tener libertad para imponer candidatos?
No existe democracia plena sin libertad de prensa, porque la libertad de prensa es la única que puede mantener al público informado para tomar decisiones fundadas en los hechos y alejar el peligro del fraude y de la dictadura. La libertad de expresión es el mejor aliado del ciudadano, de ese que paga impuestos y participa porque quiere ser bien gobernado.
Debemos rechazar todo intento de coartar la libertad de expresión, sobre todo en los procesos electorales.
Fuente Diario Libre
